Medio ambiente
Junta y Ayuntamiento facilitan la instalación de la mayor azucarera de Europa en Mérida

La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida quieren que la mayor planta azucarera de Europa, que transformará hasta 5,4 millones de toneladas de remolacha al año, se instale en la capital autonómica. Se levantaría en el término municipal de la capital extremeña, en el denominado ExpacioMérida, polígono industrial que fue creado para la instalación de empresas tecnológicas, y donde ya se han reservado 593.182 m2, para construir la planta propiedad del grupo inversor de Emiratos Árabes Unidos Al-Khaleej Sugar.

El proyecto se presentó este verano y en diciembre la Consejería de Medio Ambiente de Extremadura concedió la Declaración de Impacto Medioambiental en tiempo récord para un tipo de industrias que exigen un estudio que llevaría años, según técnicos conocedores del proyecto. Este mismo miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE) recogía una corrección de errores en la resolución publicada el pasado 11 de diciembre de 2017.

La pasada semana el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aseguraba en rueda de prensa que se estaban manteniendo reuniones con la empresa sobre los costes para el abastecimiento energético de la planta transformadora, la cual “sigue dando sus últimos pasos”. Además, Vara adelantó que “en las próximas semanas se tomará una decisión” al respecto.

La Asociación de Vecinos y Vecinas MiralRío, emplazada a cuatro kilómetros de los terrenos reservados para la azucarera, que produciría 864.000 toneladas de azúcar refinada al año, y Ecologistas en Acción han presentado alegaciones al “macroproyecto”. Mientras que Izquierda Unida Mérida tacha de “neocaciquismo” las modificaciones realizadas en normativas de tres impuestos y de suelo para aplicar a grandes empresas rebajas fiscales del 97% y posibilitar la “especulación” de superficie municipal cedida a bajo coste, fruto de una gestión “donde el grupo inversor determina la política del Ayuntamiento”.

En la primera actuación, con una inversión proyectada de 400 millones de euros, se levantarían cuatro silos de 81 metros de alto y 60 de diámetro, así como diferentes edificios auxiliares, y al parecer, la planta estaría operativa 150 días al año (de junio a diciembre), según recoge la documentación presentada por la empresa.

“El papel lo aguanta todo, pero la realidad es otra y solo tienen que ir a las pocas azucareras que van quedando en España y comprobarlo, es una actividad molesta por olores, entre otras cuestiones”

En las alegaciones presentadas a las que ha tenido acceso El Salto, desde la asociación alertan de la emisión de olores, la gestión de los residuos y el impacto sobre el turismo. Dicen sentirse “gravemente afectados” por este proyecto que podría repercutir “en la salud de 100.000 personas”, de Mérida y comarca, argumentan.

“Nos pretenden hacer creer, que este macroproyecto no produce olores, ni contaminación atmosférica, no contamina el agua, no tiene impacto sobre el turismo, ni el paisaje, ni la fauna, ni la flora, ni el suelo, ni sobre espacios naturales protegidos, ni el tráfico, ni sobre otras agroindustrias”, apuntan. “El papel lo aguanta todo, pero la realidad es otra y solo tienen que ir a las pocas azucareras que van quedando en España y comprobarlo, es una actividad molesta por olores, entre otras cuestiones”, detallan en sus alegaciones.

Alertan de que la superficie donde se ubicaría la planta es una zona incluida en la Red Natura y no dispone de EDAR para recepción de vertidos, entre otras “lagunas” que han detectado en el proyecto referentes a cómo se verán afectados los acuíferos de la zona, también advierten del incremento de malos olores y altas emisiones de CO2, procedentes de la planta de procesado de remolacha.

Economía verde y circular

Por ello, exigieron “corregir” el proyecto y la paralización de la declaración ambiental hasta no completarse “las lagunas” existentes en la documentación aportada por la empresa. Además, demandan para la ciudad monumental de Mérida industrias más respetuosas con el turismo y el medio natural.

Por su parte, Ecologistas en Acción, en concreto, presentó alegaciones al proyecto urbanístico en el ExpacioMérida, y según trasladan a El Salto seguirán oponiéndose a la azucarera presentando también alegaciones medioambientales al proyecto industrial si sale adelante. Además, el colectivo recuerda que este tipo de industria “contradice” la promesa y el compromiso del presidente autonómico con la economía verde y circular.

Para satisfacer la cantidad de remolacha necesaria con la que producir al año 864.000 toneladas de azúcar refinada “deberían cultivarse 60.000 hectáreas, pero al ser un cultivo rotativo, al menos se debería de tener disponibilidad para dos años, serían 120.000 en total”, afectando al 60% de las tierras de regadío de la provincia de Badajoz, “por lo que el posible impacto sobre el resto de cultivos y sus industrias asociadas podría ser muy importante en esta provincia”, coinciden en apreciar residentes en MirarlRío y conservacionistas.

“Los trabajos previstos para una fábrica que trabajaría 150 días al año serían los que crea cualquier pequeña o mediana central hortofrutícola en Extremadura, con 1.000 hectáreas en cultivo ecológico, sin contaminar”

Además, aseguran que la remolacha es un cultivo que consume grandes recursos hídricos, está altamente mecanizado y genera gran cantidad de residuos, al tiempo que cuestionan los datos de empleo aportados por la empresa. Opinan que se “generaría un monocultivo” intensivo de remolacha “facilitando” al grupo inversor el control de su precio. Ante ello, proponen apoyar proyectos de agricultura ecológica, facilitar el cooperativismo y la red de pequeñas y medianas empresas, para asegurar a largo plazo un trabajo constante y la creación de más empleo.

La asociación vecinal argumenta que los 200 puestos de trabajo previstos para “una fábrica que trabajaría 150 días al año” vienen a ser “los que crea cualquier pequeña o mediana central hortofrutícola en Extremadura, con 1.000 hectáreas en cultivo ecológico, sin contaminar”. Una opción que “sí entraría en la estrategia circular y sostenible, pero a la que no se le da bombo, ni se les extienden alfombras rojas”.  Ojalá se hiciera lo mismo con todos los pequeños y medianos proyectos de los demás extremeños, añade el colectivo en sus alegaciones.

Rechazo en Inglaterra

El grupo inversor con sede en Dubai, en la búsqueda de ampliar activos en Europa, ha presentado la misma iniciativa en la localidad inglesa de Harrogate donde se ha creado una plataforma de oposición al mismo, en pueblos colindantes. Además, según la prensa local inglesa, el condado de York no ha cedido durante las negociaciones a las condiciones empresariales exigidas para el uso del suelo y las bonificaciones fiscales.

Mientras tanto, en Extremadura, a través de la Sociedad de Fomento Industrial Extremadura Avante, se ha modificado la normativa que regulaba el uso de los terrenos donde se ubicaría la empresa y su dedicación exclusiva a empresas de base tecnológica para facilitar el asentamiento de esta planta y se ha resuelto favorablemente la DIA.

Al respecto, Ecologistas en Acción recuerda que ha denunciado al Consorcio Oleícola de Extremadura, S.L , empresa asentada en este mismo espacio empresarial, “por vertido incontrolado de residuos” y alta emisión de gases. Irregularidades que el colectivo puso en conocimiento del Ayuntamiento de Mérida y la Junta, sin resolver el problema. Por tanto, de asentarse la azucarera en la misma zona “se agravarían” los riesgo de emisión contaminante y de vertidos de residuos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida en el pleno extraordinario celebrado el pasado mes de noviembre aprobó ventajas fiscales, modificando la normativa de tres impuestos, y ha declarando la planta azucarera como empresa de utilidad pública, con los votos en contra IU y Podemos.

En concreto, se dio el visto bueno a bonificaciones ventajosas para la empresa de hasta el 95% en el Impuesto de Construcción, Instalación y Tasa de licencia Urbanística, la misma reducción en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), además de en el Impuesto de Actividades Económicas.