València
Arranca el juicio por racismo contra el comisario que vinculó migración y delincuencia

La fiscalía y las acusaciones populares piden tres años de prisión e inhabilitación para el inspector Ricardo Ferris, quién vinculó en un acto de Vox la delincuencia a la migración.
Ricardo Ferris
Ricardo Ferris, inspector jefe de la Policía Nacional destituido por el Ministro del Interior por sus declaraciones racistas.

“Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia”, “todos los fenómenos delincuenciales  están protagonizados prácticamente en su totalidad por extranjeros”, “absolutamente todas la violaciones en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera”. Estas son algunas de las perlas que el entonces comisario Ricardo Ferris soltó en un acto en el Ateneo mercantil de València, organizado por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española en octubre de 2022.

En el acto, que también fue respaldado por la asociación Una Policía para el Siglo XXI, Ferris fue presentado como inspector jefe y jefe de la comisaría Centro de València, además de experto en seguridad ciudadana con experiencia en la lucha antiterrorista. Tal y como han documentado las asociaciones denunciantes, el entonces comisario realizó varios llamamientos a la violencia: “Los españoles somos un pueblo pacífico, vamos a tener que dejar de serlo”, “vamos a tener que actuar y echarle narices al asunto”, bramó en el citado acto, que fue grabado sin su conocimiento, o eso ha asegurado al juez.

Racismo
Delitos de odio La fiscalía pide tres años de cárcel para el excomisario que vinculó migración y delincuencia
Ricardo Ferris, en un acto organizado por Vox en el Ateneo de València en 2022, incitó a los “españoles a dejar de ser pacíficos" después de haber equiparado la inmigración con la delincuencia.

Por estas razones, tanto la Fiscalía como las organizaciones sociales que ejercen la acusación popular —València Acull y CIM Burkina, representadas por la abogada Pilar Serrano y el abogado Juan Molpeceres, respectivamente— han solicitado que se le condene por delitos de odio. En concreto, las asociaciones le acusan de haber incitado a la violencia contra la población migrante, un delito penado a 3 años de prisión, así como inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por tiempo de 6 años y que se le inhabilite para empleo o cargo público por el mismo tiempo y multa de 12 meses.

Su intervención provocó su destitución como comisario por parte del Ministerio del Interior, pero Ferris solicitó su pase a la segunda actividad, lo que le reconoce por ley algunas retribuciones económicas mientras continúa difundiendo el mismo mensaje racista en las redes y en las entrevistas que le realizan algunos portales. Sus redes sociales están llenas de insultos y discursos de odio; el pasado 5 de junio publicó un mensaje en X.com en el que concluía: “Es hora de dejar de votar, y sacar a los verdaderos bulldogs”. Su perfil está cargado de comentarios racistas en los que, constantemente, relaciona la comisión de delitos con las personas emigrantes residentes en el país.

Las entidades  actuaron al considerar que sus manifestaciones no sólo merecen la condena social sino también la penal y ampliaron la denuncia inicial al comprobar que el inspector jefe continuaba difundiendo su discurso de odio

Tras el acto del Ateneo y ante la falta de reacción de las autoridades judiciales frente a un discurso que fue reproducido ampliamente en los medios de comunicación, una treintena de organizaciones de personas migrantes y de defensa de sus derechos interpusieron una denuncia en noviembre de ese mismo año, 2022, ante la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Fiscalía de València (Fiscalía contra los Delitos de Odio). Las entidades actuaron al considerar que sus manifestaciones no sólo merecen la condena social sino también la penal y el 24/1/23 ampliaron la denuncia inicial al comprobar que el inspector jefe continuaba difundiendo su discurso de odio.

La Fiscalía inició una investigación, pidió que se le procesara y finalmente solicitó 3 años de cárcel por haber propagado “el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia el colectivo migrante. Paralelamente, las organizaciones denunciantes se plantearon ejercer la acusación popular, pero los condicionantes que impone esta figura provocaron que solo dos entidades —València Acull y CIM Burkina— pudieran personarse.

Para las acusaciones, su objetivo no sólo fue difamar a las personas migrantes, provocando su estigmatización, criminalización y deshumanización, sino también exhortar “a ejercer violencia directa contra los extranjeros”

En el escrito de conclusiones de ambas entidades se describe la intervención de Ferris en el acto de Vox, destacando que el acusado hizo su discurso con “la credibilidad y autoridad que le otorgaba el cargo que ostentaba” y con conocimiento de que estaba siendo grabado y de la “falsedad” de los datos que aportaba. Para las acusaciones, su objetivo no sólo fue difamar a las personas migrantes, provocando su estigmatización, criminalización y deshumanización, sino también exhortar “a ejercer violencia directa contra los extranjeros”. 

Las consecuencias de estos mensajes fueron decenas de discursos de odio en las redes, donde se proponían acciones concretas de violencia contra cualquier migrante: “Limpieza étnica, no hay más”, “pues al mar con ellos”, “va a llegar un momento en que me cuelgue el bate a la derecha y la otra perla a la izquierda, a lo Rambo”, “si la policía no tiene autoridad, si la ley no nos protege, tendremos que hacerlo nosotros mismos”.

La defensa del comisario dice que se basó en noticias falsas

En la primera sesión del juicio, la defensa del exinspector de la Policía Nacional alega que el acusado se basó en una “noticia falsa” para sostener que toda la delincuencia en España se comete por parte de población inmigrante. Ferris, por su parte, ha alegado que no dio su consentimiento para ser grabado ni fue consciente de que una cámara grababa el acto organizado por Vox y por la Fundación para la defensa de la Nación Española (Denaes). Ha asegurado, en su declaración ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que asistió invitado por Denaes como delegado sindical de Jupol y que, además, estaba de vacaciones. “Soy totalmente antipolítico”, ha dicho.

El acusado ha afirmado que simplemente dio su “punto de vista particular” a partir de su “experiencia” como jefe de la Comisaría de Centro de València. También ha declarado que al acto de Vox asistió “gente vinculada al PSOE” a la que conocía de su etapa como asesor de la Delegación del Gobierno. “La seguridad ciudadana hasta donde yo entiendo no entiende de ideologías”, ha afirmado.

Racismo
Racismo La Fiscalía de València solicita que se abra juicio por delito de odio contra el excomisario Ricardo Ferris
Tras la denuncia de treinta organizaciones antirracistas hacia Ricardo Ferris, ex comisario de la policía de València que equiparó migración y delincuencia, la Fiscalía investigó su actuación y ahora ha pedido que se le procese.

Por otro lado, las acusaciones populares han aportado entrevistas recientes con Ferris en las que éste se presenta como “inspector jefe con amplia experiencia en materia de seguridad ciudadana”, y reitera las manifestaciones que hizo en el acto llevado a juicio. En alguna de esas apariciones mediáticas, directamente se proyecta el vídeo del acto. El ex comisario continúa vinculando a todas las personas migrantes con la delincuencia, afirma que hace unos años “coincidiendo con las invasiones de extranjeros se incrementó la delincuencia” y asegura que está yendo y continuará yendo a todos los foros a difundir el mismo mensaje.

Por todo ello, coincidiendo con la petición de la Fiscalía, las acusaciones solicitan 3 años de cárcel, inhabilitación y multa de 12 meses. Además, también se solicita la comparecencia en el juicio oral como testigos de Mohamed Mboirick Ely Baba, miembro fundador y portavoz de la Federación Unión Africana España; Llanos Rodríguez, presidenta de CIM Burkina; Ángela Pedraza, presidenta de València Acull; Francisco Simón, quien presentó la denuncia inicial en nombre de las entidades, y de varios policías. 

 

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