Barcelona
Las constructoras y el Gobierno de Collboni boicotean la reserva del 30% para vivienda social en Barcelona

En 2018, el Gobierno de Barcelona en Comú planteó una medida inédita en el panorama español: la reserva del 30% para vivienda social de las promociones de nueva construcción y para las rehabilitaciones integrales en edificios de más de 600 metros cuadrados. Inmobiliarias, constructoras y el propio Ayuntamiento de Barcelona, en manos del socialista de Jaume Collboni, han hecho todo lo posible para que la medida fracase: los primeros, adelantando o dilatando licencias para que sus proyectos no se vean afectados o a través de diversas irregularidades denunciadas; el Ayuntamiento, con la falta de inspección y sanción de los fraudes cometidos y una propuesta de reforma de la ley que limitaría su alcance.

La reserva del 30% para vivienda protegida fue inspirada en la experiencia de París. En la capital francesa, después de unos años de escasos resultados, la medida ha resultado ser efectiva, explica el informe “Barcelona ante el dilema del 30%” presentado este 18 de noviembre por el Institut de Recerca Urbana (IDRA). 

La reserva del 30% para vivienda social también ha sido atacada por el mismo ejecutivo del alcalde socialista Jaume Collboni, que busca apoyos para limitar el alance de la ley

En Barcelona, la aprobación de la medida cumple seis años —menos de cuatro de aplicación— con un desempeño polémico, criticada por la oposición de derechas y las constructoras y los intermediarios en el negocio. Según defiende el lobby inmobiliario, la reserva del 30% desincentiva la construcción y promoción de viviendas. La norma también ha sido atacada por el mismo ejecutivo del alcalde socialista Jaume Collboni, que busca —hasta ahora sin resultado— apoyos para reformar la ley para “hacerla más eficiente”, unos cambios que pretenden limitar el alcance y potencia de la norma original, según críticas IDRA y organizaciones del movimiento de vivienda.

“Dique de contención”

Uno de los efectos menos conocidos de esta ley aprobada en 2018 es la protección que reciben miles de vecinos frente a la especulación inmobiliaria. Según el informe de IDRA, hasta 62.756 hogares que viven de alquiler en 3.909 edificios se han visto beneficiados por este “dique de contención”, tal como lo llaman desde IDRA, “que desincentiva las prácticas especulativas y impide expulsiones masivas de inquilinos”. Esta limitación ha frenado las operaciones especulativas que, entre 2010 y 2017, provocaron desplazamientos forzados mediante rehabilitaciones integrales y la posterior reventa o alquiler a precios superiores, indican.

La mayoría de los edificios afectados —el 87,7%— están en manos de grandes tenedores, detalla el informe, por lo que se trata de una norma que contribuye a una “redistribución de la riqueza patrimonial”, ya que obliga a estos propietarios a contribuir a la creación de vivienda protegida. Y no en barrios alejados, sino en zonas consolidadas y especialmente tensionadas, como Eixample o Gracia, “rompiendo la dinámica de ubicar la vivienda protegida en la periferia”.

El potencial de aumento del parque público es de decenas de miles de pisos, sostienen. Sin embargo, la realidad es que entre 2021, cuando comenzó a aplicarse la medida, y 2023, Barcelona solo ha obtenido 144 viviendas protegidas a través de este mecanismo de reserva del 30%.

Según denuncia IDRA, se ha producido “un fraude importante” a través de los permisos de obra menor para no tener que reservar el 30% a vivienda protegida

La moratoria de dos años para su aplicación provocó un alud de peticiones de licencias: nada menos que 7.509 viviendas fueron aprobadas sin la reserva del 30%, algo que “anuló el efecto de la medida en los primeros años de aplicación (2019-2020)”. 

Además, desde IDRA denuncian que se ha producido “un fraude importante” a través de los permisos de obra menor: teniendo en cuenta el número de licencias otorgadas, “se debería de haber obtenido una mayor cifra de vivienda de protección oficial (VPO)”. 

La ocultación de obras a través de “comunicados fraccionados”, detallan en el informe, fue detectado por el Ayuntamiento en 17 edificios inspeccionados, lo que provocó que al menos 66 viviendas protegidas no se entregaran. 

Y las expectativas de que la norma sea modificada han paralizado la salida de nuevas promociones que incluyen VPO. Según denuncian los autores del informe —Marta Ill-Raga, Jaime Palomera y Gabriel Ciutad—, nueve edificios “están dilatando el trámite de licencia de obra desde hace dos años con la expectativa de conseguir no destinar 38 viviendas” al parque público. 

A pesar de todo, la cifra de 144 viviendas conseguidas en estos tres años gracias a la reserva del 30% es percibido como un resultado positivo para IDRA. En algunos barrios tensionados, como el Exaimple, la cifra de VPO generada, aunque mínima, es mayor que en años previos a la aprobación de la medida. Además, en términos relativos la cifra es superior a la obtenida en París en los primeros años. 

Los cambios propuestos por Collboni harían que los edificios afectados pasarían de 3.909 a sólo 95, una “reducción drástica que deja la mayor parte de las viviendas exentas de esta obligación”

Los cambios propuestos en la norma por la alcaldía socialista “reducirían notablemente su impacto”, critica este instituto de investigación urbana. Pese al relato de Collboni, IDRA señala que la reforma propuesta pretende una exención de la mayoría de grandes rehabilitaciones y la “periferización” de la vivienda protegida. Con estos cambios, indican, se perdería la protección que goza la mayoría de los edificios beneficiados por la reserva. Según el cálculo que presenta el informe, los edificios afectados pasarían de 3.909 a sólo 95, una “reducción drástica que deja la mayor parte de las viviendas exentas de esta obligación”.

Lejos de acabar o recortar la reserva del 30%, IDRA plantea mantenerla en el tiempo para poder analizar mejor su impacto y mejorar la seguridad jurídica y el control del fraude. También piden la aplicación de sanciones efectivas por incumplimiento y ampliar la medida al 50%, como ya hizo París, en zonas de “hiper déficit” de vivienda asequible.