Congreso de los Diputados
La Amnistía busca apagar el conflicto en Catalunya mediante la anulación de sentencias por el 14n y el 1o

Echa a andar la Ley de Amnistía, llave de la segunda investidura de Pedro Sánchez en el Congreso que, previsiblemente tendrá lugar este miércoles y jueves. La proposición de Ley Orgánica se tramitará por procedimiento de urgencia y se justifica en “la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados”. Está previsto que hoy mismo sea calificada por la mesa del Congreso.

El documento, que ha sido adelantado por ElDiario.es, consta de 23 páginas y pretende desde su exposición de motivos sortear las dudas sobre su encaje constitucional. Lo firman siete grupos, todos los que han garantizado su voto a Sánchez salvo Coalición Canaria. Esa compatibilidad de la Amnistía con la Constitución de 1978 es el leit motiv de las protestas que desde el pasado lunes 6 de noviembre están siendo convocadas por la derecha frente a sedes del PSOE.

El texto presentado, que cuenta con 16 artículos, plantea que la propuesta de Ley Orgánica se acopla a la normativa de la Unión Europea y lo justifica en la Decisión Marco del Consejo, de junio de 2002, y en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de abril y diciembre de 2021, que reconocen la capacidad de amparo de las leyes de amnistía en el contexto comunitario.

De este modo, la ley presentada pretende amnistiar “los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017”. No se ciñe a la organización del referéndum sino también a los actos de protesta, de preparación o de oposición a la condena de sus responsables.

El número aproximado de afectados penal, contable o administrativamente por sentencias y procesos relacionados con estos hechos asciende a más de 300 personas. Asimismo, 73 agentes de las fuerzas del orden están en un proceso por el uso excesivo de la fuerza en las cargas del referéndum del 1 de octubre, y también se verán afectados por este proceso de amnistía.

La propuesta se centra en el marco jurídico general pero va un paso por delante a las críticas y las posibles consideraciones de la magistratura sobre la Ley: “Si bien no hay democracia fuera del Estado de derecho, es necesario crear las condiciones para que la política, el diálogo y los cauces parlamentarios sean los protagonistas en la búsqueda de soluciones a una cuestión política con una presencia recurrente en nuestra historia”, apunta el texto.

El documento recuerda que el Tribunal Constitucional ya evaluó, en 1986, la Ley de Amnistía de 1977, preconstitucional. El TC, que en la actualidad cuenta con mayoría progresista, estimó entonces que “no hay restricción constitucional directa sobre esta materia” y sí sobre los indultos generales, prohibidos expresamente en la carta magna de 1978. “La amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española y se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que está representado todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional”, señala la propuesta de Ley Orgánica.

La norma presentada plantea que la entrada en vigor implicará el alzamiento de las medidas cautelares impuestas y finalizará inmediatamente con las penas impuestas, incluso aunque se plantee recurso de inconstitucionalidad —cosa que harán PP y Vox— contra la ley. En el caso de sentencias no firmes, las abogadas y fiscales podrán justificar la amnistía para que se declaren amnistiados los procesados.

La Ley incluye también dos modificaciones del artículo 130 del Código Penal y de la Ley 2/1982 del Tribunal de Cuentas.