Crisis energética
El fantasma fósil del Midcat ataca de nuevo

La resurrección es algo posible en el mundo de las grandes infraestructuras energéticas, aunque se trate de proyectos que apuestan por los combustibles fósiles en la era de la crisis climática y en el verano de los incendios y la ola de calor casi perpetua en la península Ibérica y de la gran sequía en Europa. El Midcat, el gasoducto jamás terminado entre España y Francia que pretendía duplicar la interconexión gasística entre la península y Europa, vuelve a resurgir con motivo de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los combustibles fósiles.

El Midcat fue un proyecto abandonado definitivamente en 2019, paralizado por su elevado coste, el desinterés francés y múltiples protestas ciudadanas. El carpetazo final a la tubería lo daba un informe de la Comisión de la Regulación de la Energía francesa (CRE), al que siguió una declaración conjunta de esta y del regulador español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “No cumple con las necesidades del mercado y carece de madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza”, señalaba la CNMV en enero de 2019.

Las principales razones aducidas entonces por los dos organismos eran que el Midcat no ofrecía “capacidad para contratar de forma firme por los comercializadores”, además de que “los altos costes de la infraestructura [...], junto con el hecho de que ya se disponga actualmente en la interconexión de capacidad interrumpible, con un bajo nivel de utilización anual, no garantizaría el acoplamiento de precios de gas con el norte de Europa”. Repetían las dudas respecto a la viabilidad económica que un informe encargado por la Comisión Europea en 2018 a la consultora Poyry ya había indicado.

“No se entiende esta actitud de poner tuberías de gas cuando realmente lo que deberían haber por nuestra parte es un impulso a las renovables”, indica López de Uralde

El resultado de tanto informe contrario: 223 kilómetros de tubería quedaban finalmente sin construirse. Ahora, con los precios del gas desbocados y con Europa enfrentada a su gran proveedor de gas a costa de Ucrania, los lobbies fósiles y varios gobiernos europeos han desempolvado un proyecto que, desde la izquierda y las organizaciones ecologistas, se ve como una clara vuelta atrás en la transición energética y la lucha contra la crisis climática.

A pesar del carpetazo de 2019, las campanas en torno al Midcat no han dejado de sonar en los últimos años. El interés del operador español de la red gasística, Enagás, en llevar adelante el proyecto ha hecho que en varias ocasiones haya apostado públicamente por reanudar las obras. Incluso la ministra Ribera, quien calificó el plan de “error” y de proyecto “ruinoso” en 2019, apostaba por él en junio. Desde el Gobierno se planteó que la tubería podría servir en el futuro para transportar hidrógeno, algo dudoso dado el estado de desarrollo de esta tecnología, su escasa eficiencia energética actual y la falta de seguridad climática de esta, pues para conseguir hidrógeno verde y sin emisiones el hidrógeno debería poder producirse con un excedente de energía renovable, algo que no se espera conseguir en España en al menos una década.

Alemania busca gas

El culpable de la vuelta a la actualidad del proyecto ha sido el canciller alemán, Olaf Scholz. En rueda de prensa, el mandatario germano apostaba públicamente el pasado viernes por reanudar las obras señalando: “Sería una gran contribución para aliviar la situación y el suministro de forma masiva ahora mismo, por eso he defendido con firmeza que se aborde de nuevo el proyecto en conversaciones con mis colegas españoles y portugueses, con el presidente francés y con la presidenta de la Comisión Europea”. Es más, Scholz defendía abiertamente que la obra “debería haberse construido”.

Las petición de Schloz hay que integrarla en el contexto de crisis energética resultante del alza de los precios de los combustibles fósiles —derivada de la coyuntura internacional y los problemas para la extracción y suministro de estas tenergías—, a la que se suman las consecuencias de la Guerra de Ucrania. Si bien la mitad del gas que consume Europa provenía directamente de Rusia antes del conflicto, Alemania había apostado específicamente por esta vía de abastecimiento energético, lo que aumentó su dependencia de Rusia y la ha dejado en una situación difícil en lo que a abastecimiento energético se refiere. Es ahí donde hay que contextualizar que el Gobierno tripartito alemán —en el que participan Los Verdes junto a liberales y socialdemócratas— haya apostado por abrir nuevas vías de abastecimiento, incluida España, que tiene conexión directa con el gas del Magreb y cuya capacidad de regasificación vía buques metaneros lleva años considerándose sobredimensionada: es el país que más plantas tiene para convertir el gas licuado en estado gaseoso, siete en total.

Si la petición alemana sorprendía, dado el estado moribundo del proyecto Midcat, más lo hacía la respuesta española. Apenas unas horas después de la declaración de Scholz, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, señalaba que el gasoducto “podría estar operativo en ocho o nueve meses” una vez comiencen los trabajos, entusiasmo al que se sumaba la ministra de Industria Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Desde entonces, los apoyos desde el establishment se han sucedido. Además del del operador nacional de la red gasística, Enagás, la Generalitat catalana hacía público su apoyo a la reanudación del proyecto, si bien lanzaba un rapapolvo a Ribera. El escaso plazo de construcción señalado por la ministra “no es realista ni responsable”, denunciaba el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, en TV3.

No ceder ante el lobby fósil

Desde los socios de Gobierno, sin embargo, no se comparte, ni mucho menos, el entusiasmo. Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, el partido ecologista integrado en UP, desmiente la afirmación de la ministra Ribera señalando a El Salto que “el Midcat no va a ayudar a resolver el problema de la crisis del gas ruso porque tardará varios años en construirse, eso en caso de que Francia quiera ir adelante con él, que es donde está la clave”. “No se entiende esta actitud de poner tuberías de gas cuando realmente lo que debería haber por nuestra parte es un impulso a las renovables, que son las que nos pueden ayudar a salir de la crisis climática y a romper decisivamente con el gas, incluido el gas ruso”, continúa el diputado.

“Alemania tiene que afrontar su particular crisis energética realizando grandes cambios en su modelo de producción y consumo”, denuncia Marina Gros

Desde Unidas Podemos consideran además que “el chantaje de Putin” no puede servir de excusa para cambiar el rumbo de la política energética y animan al Gobierno a no ceder en el camino avanzado en la transición energética. Además, indican que la legislación de la UE ya no permite financiar proyectos como este, ya que el nuevo reglamento sobre infraestructuras energéticas europeas aprobado en diciembre —que entrará en vigor en el segundo trimestre de este año— no incluye infraestructuras de combustibles fósiles. 

Por último, Uralde recuerda que el gas que se piensa exportar es fundamentalmente gas de fracking, llegado de Estados Unidos , “altamente contaminante”, vía buques metaneros.

Declaración “inaceptable”

Desde Ecologistas en Acción tachaban directamente de “inaceptables” las declaraciones de Ribera y Maroto. “Ecologistas en Acción continúa mostrando su rechazo rotundo a que una respuesta ‘solidaria’ tenga que ser resucitar un gasoducto e invertir miles de millones en infraestructura fósil en lugar de apostar por una urgente transición energética hacia un modelo renovable y democrático”, denunciaba la confederación ecologista.

La coordinadora de la campaña La verdad del gas, Marina Gros, recordaba que Alemania es de los países con más emisiones per cápita a nivel global y europeo y el sexto país que más ha contribuido históricamente al cambio climático. “Por ello, tiene que afrontar su particular crisis energética realizando grandes cambios en su modelo de producción y consumo, hasta alcanzar la descarbonización, y dejar de imponer medidas al resto de países europeos en su propio beneficio. Lo contrario sería ir en contra de la justicia climática”, señalaba.

De hecho, los ecologistas lamentan el papel que Alemania ha tenido en una de las derrotas ecologistas más sonadas en los últimos años en la UE: la denominación por parte de la UE del gas y la nuclear como energías “verdes” en su taxonomía, lo que supone un mayor acceso a los fondos europeos para la recuperación económica y la transición ecológica de los lobbies de ambas energías.

Desde la confederación también se preguntan quién va a costear finalmente el Midcat y exponen que, en su opinión, “el Estado español ya consta de un sobredimensionado sistema gasista que la ciudadanía lleva años pagando”. “La inversión que se quiere destinar para estos proyectos fósiles y el sobreprecio actual de la energía fósil es una hipoteca que pesa como una losa sobre nuestro futuro”, añade Gros. 

35 organizaciones de la sociedad civil —entre las que se encuentran sindicatos, partidos políticos, confederaciones ecologistas y cooperativas del sector energético— ya lanzaron una carta abierta el pasado mayo, que fue entregada a la ministra Ribera el día 6 de dicho mes, en la que denunciaban el impulso que las infraestructuras gasísticas están teniendo desde el comienzo de la Guerra de Ucrania.

“Si la UE quiere cumplir con el objetivo climático del Acuerdo de París, debe dejar atrás el uso del gas fósil antes de 2035. Una apuesta energética que pasa por construir grandes infraestructuras de gas —incluyendo las interconexiones como MidCat— diseñadas para permanecer activas en torno a 50 años, es incompatible con un escenario climático habitable”, finaliza Gros.