Comercio justo
No estamos pidiendo la luna

En esta primavera electoral y ante la situación global que estamos viviendo protagonizada por el aumento de la desigualdad y el deterioro medioambiental, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo nos sumamos a las propuestas que hace REAS (Red de Redes de Economía Social y Solidaria) dirigidas a los partidos políticos. Las organizaciones de Comercio Justo también creemos que es necesario y urgente que las políticas públicas a todos los niveles aborden cuestiones como el cambio climático, la explotación de personas y recursos naturales, las condiciones laborales indignas, la falta de transparencia y responsabilidad corporativa, la desigualdad de género o la falta de oportunidades para las personas más desfavorecidas. Por ello, basándonos en los mismos principios y valores, y ante la necesidad de otro modelo económico y comercial, hemos concretado dichos planteamientos en varias medidas fundamentales para el movimiento del Comercio Justo.

Y no estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo medidas posibles. Una de nuestras reivindicaciones es el desarrollo de una ley que obligue a las empresas a garantizar los derechos humanos y proteger el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de fabricación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Esta ley ya es una realidad en Francia desde hace dos años. Conocida como Ley de Diligencia Debida, fue aprobada en 2017 después de un intenso debate parlamentario y a partir de una campaña de incidencia llevada a cabo por varias organizaciones sociales y la ciudadanía. Se trata de una ley que demuestra que la prevención de riesgos tanto de violación de los derechos humanos como de perjuicios ambientales debe ser una obligación legal para las empresas transnacionales.

En esta misma línea, pero en el ámbito europeo, solicitamos a los próximos europarlamentarios/as que se comprometan a hacer un trabajo específico para que la Unión Europea apoye el desarrollo de un Tratado Internacional Vinculante, actualmente en negociación en Naciones Unidas, que obligaría a las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos y medioambientales. En paralelo a este Tratado solicitamos que se establezca un mecanismo jurídico internacional que garantice la aplicación del mismo y medie frente a los posibles abusos de las empresas.

Por otro lado, las organizaciones de Comercio Justo insistimos en un aspecto que nos preocupa mucho: el modelo actual de producción y consumo es insostenible, está acabando con los recursos del planeta y acelerando el cambio climático. Además genera un enorme impacto a diferentes niveles en multitud de comunidades, especialmente en las zonas más pobres del planeta. Por ello creemos que es absolutamente necesario incorporar una mirada ambiental y social en todas las políticas que se desarrollen.

Pero esto tampoco es algo que digamos solo nosotros o que solo nos preocupe al movimiento del Comercio Justo. En 2015 Naciones Unidas estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben ser cumplidos antes de 2030, y uno de ellos -en concreto el número 12- especifica la necesidad de un consumo y producción sostenibles. En este sentido lo que pedimos es que las políticas públicas, particularmente aquellas referidas al desarrollo productivo y/o comercial, estén alineadas con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tampoco en esto estamos pidiendo la luna. Solo les estamos recordando a nuestros representantes políticos el compromiso que adquirieron.

Por último, y aunque la ciudadanía cada vez es más consciente de los impactos que genera el consumismo, es muy importante seguir fomentando el consumo responsable. Creemos que solo con una ciudadanía implicada podremos enfrentarnos a los retos globales actuales. Por ello, solicitamos a los y las futuros representantes políticos apoyo para contribuir a crear una sociedad más concienciada, crítica y solidaria a través del desarrollo de campañas informativas dirigidas a distintos públicos (escolares, jóvenes, PYMES, consumidores/as…) así como la incorporación de estos temas en la educación formal y no formal.

En la actualidad, los ciudadanos y ciudadanas estamos comprobando los efectos del cambio climático, estamos viendo cómo en los últimos años el famoso 1% de la población más rica recibe el doble de ingresos que el 50% más pobre, estamos sufriendo los impactos de la globalización y la deslocalización de la producción…Por todo ello, defendemos y pedimos a los partidos políticos que la economía esté al servicio de las personas y el medio ambiente, no al revés. No estamos pidiendo la luna. Solo voluntad para llevar a cabo políticas más humanas y respetuosas.