Policía
‘Defund the police’: el final de la policía en EE UU y el principio de una seguridad pública radical

Una mezcla de incredulidad e ira alumbró Ferguson, Misuri, dos veces en 2014. La primera fue después de que, en verano, el agente Darren Wilson disparase mortalmente varias veces a Michael Brown, de 18 años. La segunda, cuando en noviembre se supo que Wilson no sería procesado. Fue entonces cuando la administración Obama decidió mover ficha para atajar políticamente el problema policial. El resultado fue una comisión de expertos que, meses después, haría públicas 59 recomendaciones que parecían poder rebajar la mortalidad a manos de las fuerzas del orden. No fue así. The Washington Post comenzó en 2015, y tras observar deficiencias en los datos del FBI, a registrar las cifras, que se han mantenido estables en torno a los mil muertos al año. La proyección de 2021 parece confirmar la media: en mes y medio ya son 98.

Es precisamente tras uno de los asesinatos que engrosan esa tenebrosa estadística, el de George Floyd en Mineápolis el pasado mayo, cuando el movimiento alrededor del eslogan “Defund the Police” empezó a tomar impulso mediático y político. El objetivo: recortar el presupuesto de la policía y caminar hacia una abolición parcial o total de esta, a la vez que se reinvierte ese dinero en gasto social. “Durante los últimos seis meses, ha habido campañas que, en unas veinte ciudades, han conseguido una desinversión policial de 840 millones de dólares y que, al menos, 160 millones se redirijan a las comunidades”, afirma Woods Ervin, de Critical Resistance, una de las organizaciones abolicionistas que integran la constelación del movimiento.

Austin o Seattle son algunas de las últimas ciudades que se han sumado a modificar su presupuesto municipal redirigiendo fondos policiales a comprar y mantener un hotel para el alojamiento de personas sin hogar

Austin o Seattle son algunas de las últimas ciudades que se han sumado a modificar su presupuesto municipal redirigiendo fondos policiales a, por ejemplo en el caso de la primera, comprar y mantener un hotel para el alojamiento de personas sin hogar. Para Critical Resistance, “estos recortes son un porcentaje relativamente pequeño de los 100.000 millones gastados anualmente en policía en el país, pero representan un buen avance, un giro en la tendencia”. “Oakland consiguió expulsar a la policía de las escuelas”, añade el sociólogo Alex Vitale. Se libera así una dotación de 2,5 millones de dólares que puede ser aprovechada en equipos de orientadores sociales o infraestructura educativa.

Vitale, autor de uno de los ensayos de referencia sobre el tema, que llega esta primavera traducido al castellano como El fin de la policía (Capitán Swing, 2021), hace una enmienda a la totalidad. “El movimiento Defund the Police es una expresión del rechazo a enfocar los problemas mediante reformas policiales. No creo que este sistema policial sea reformable. Lo que mucha gente está señalando es que incluso cuando la policía está actuando de acuerdo a procedimientos correctos, sigue siendo la herramienta errónea para una vasta mayoría de situaciones a las que se aplica”, sostiene desde Nueva York, un escenario difícil para la lucha contra la violencia uniformada.

Para él, el verano pasado dejó al descubierto también las diferencias de tempos políticos entre aquellas ciudades que tenían movimientos de base coordinados y aquellas en las que las organizaciones apenas empezaban a funcionar para presionar más intensamente por menos policía. “Esta ciudad —explica— es un ejemplo de lugar donde la mayoría de grupos preocupados por el problema policial estaban todavía hablando de reforma. Aquí no ha habido una acción coordinada en pro de alternativas. Se consiguió muy poco en ese sentido en el último presupuesto de la ciudad. Demasiados políticos o bien temen al departamento de policía, o bien a quienes apoyan a la policía en sus propios distritos. Esto ocurre porque no ha habido tanta organización a nivel vecinal hasta ahora, cuando sí empieza a haber una que pone al departamento de policía bajo un montón de presión. Seguramente haya una gran batalla sobre esto en el próximo presupuesto”.

“Nuestra posición es presionar en pos de la idea de que la policía no es reformable y que la desinversión es una estrategia hacia su abolición, pero también hacia priorizar el bien común, el bienestar”, dicen desde Critical Resistance

La reforma, cristalizada en ocasiones como el exceso o negligencia de agentes concretos, es también rebatida desde Critical Resistance. “El problema de la teoría de las manzanas podridas es que, si se piensa que hay algo que no funciona en el entrenamiento o la dotación policial, se justifica que se les dé más dinero”, afirma Ervin. “Creo que el cambio que hemos visto en unos años, que va desde la petición de cuentas legales a los agentes, al movimiento para desinvertir en policía, es muy importante. Nuestra posición es presionar en pos de la idea de que la policía no es reformable y que la desinversión es una estrategia hacia su abolición, pero también hacia priorizar el bien común, el bienestar. No estamos a favor de la austeridad, queremos que ese dinero se invierta, y de hecho en mayor cantidad, pero no ahí”.

Garantes de un sistema quebrado

Las alternativas implican un cambio radical a la hora de abordar la seguridad pública. No una mejor —o incluso menor— policía, sino otro enfoque político ayudado por un impulso social del presupuesto. En palabras de Vitale, “no se trata de reemplazar a la policía con otras instituciones que recreen su labor, sino evaluar qué retos tenemos en cada comunidad. Ver si existe, por ejemplo, un problema de violencia juvenil, o de sobredosis, o de robos, o de absentismo escolar. Cada uno de ellos necesitará un tipo diferente de solución. No necesitamos respuestas policiales de alta calidad a crisis relacionadas con la salud mental, sino respuestas críticas que no implican a la policía. No necesitamos agentes con mayor diversidad, o mejor entrenados, en el departamento de narcóticos; necesitamos acabar con la guerra de las drogas y devolver la cuestión a las autoridades competentes en salud pública”, defiende.

O incluso, como apunta Ervin, puede que “a veces haya situaciones que no necesitan una respuesta” que involucre al cuerpo armado. Prefiere hablar de “inversión estructural, como en el caso de la vivienda. O si hubiera mayor dotación en cuanto a salud mental, habría menos llamadas referentes a episodios de este tipo, por ejemplo en la calle”.

Ambas fuentes coinciden en resaltar la conexión entre el sufrimiento psíquico con algunos casos de actuación policial. Según un estudio publicado por la gubernamental Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, entre un 6 y un 10% de los contactos que el cuerpo armado tiene con la población son con personas que sufren trastornos de gravedad. Y estas son alrededor de un 20% de las víctimas mortales anuales de los disparos de los agentes.

Solo desde el inicio de la pandemia, cualquier estadounidense que haya querido ha podido ver en los medios cómo la policía de Rochester, Nueva York, redujo hasta la asfixia mortal a Daniel Prude la misma noche en que atravesaba por un episodio psicótico. O a Nicolás Chávez, baleado más de veinte veces entre 28 policías durante una crisis en Houston. O a Linden Cameron, un chico de 13 años con síndrome de Asperger tiroteado una decena de veces en Salt Lake City.

Desde Critical Resistance recuerdan que un contexto más profundo puede encontrarse en los recortes a la salud mental perpetrados por la administración Reagan. El republicano tardó solo un año en tirar por la borda la Mental Health Systems Act de Jimmy Carter que proyectaba un mayor gasto federal para una red especializada. Durante la llamada “desinstitucionalización” de pacientes en los años 80, muchos quedaron expulsados del sistema sanitario, desprotegidos, quedando a merced de la amenaza del sinhogarismo y la criminalización.

“Llevamos décadas bajo el mito policial de que ellos son la única fuente capaz de proporcionar seguridad pública”, afirma el sociólogo Alex Vitale

“Soportamos cuarenta años de austeridad neoliberal promovida por ambos partidos. Los alcaldes han confiado en la policía para manejar las consecuencias económicas de ese modelo, como son una inmensa desigualdad, precariedad o inseguridad material, un sinhogarismo masivo, una salud mental sin tratar o el abuso de sustancias. Y se dota de más dinero a la policía para continuar desarrollando esa estrategia neoliberal”, indica Vitale, antes de desarrollar ampliamente esa idea: “En este país se ha convertido cada problema, especialmente en las comunidades con bajos ingresos y en las racializadas, en algo a manejar por parte de la policía. Ese modelo reproduce las desigualdades de raza y clase que atraviesan este país. Llevamos décadas bajo el mito policial de que ellos son la única fuente capaz de proporcionar seguridad pública. En las comunidades de clase media se teme a la gente de fuera de ellas, y se recurre a la policía para ello, y en las comunidades más pobres sucede igual pero con parte de la propia gente que vive allí. En estas comunidades hay mayor receptividad a las alternativas policiales porque es donde se ha experimentado la problemática policial mucho más que en las de clase media, donde la policía es a menudo una abstracción y no hay apenas vivencias de primera mano con su intervención. Muchos activistas tratan de hacer hincapié en que cuando confías tu propia seguridad pública en la policía eso está liberando más respuesta policial sobre otra gente. Necesitamos que la gente tome conciencia sobre la responsabilidad que tienen en habilitar ese modelo y lo que implica”.

Ervin lo concreta en el caso de la población afroamericana, que incluso ha extendido el uso de la expresión “calling the police on black people” para designar la facilidad con la que algunas personas blancas telefonean a esta fuerza armada en situaciones cotidianas, sesgados por una sospecha racista.

Los humoristas Trevor Noah y Dulce Sloan expusieron en su programa algunos de estos delirantes casos —que pueden desembocar en escenas violentas o traumáticas para sus víctimas—, dejando constancia además del agravante de que en varios episodios fueran niños de ocho y nueve años sobre quienes se pidió actuación policial. El primero rozó con su mochila a una mujer en una tienda y esta pensó que se trataba de una agresión sexual. El niño simplemente vendía botellas de agua en la calle para costear un viaje a Disneyworld. “Creo que este país —opina Ervin— está empezando a ser consciente de a qué temprana edad empieza esta rapidez en llamar a la policía contra personas negras. Es algo que ocurre, es un lugar común. Para nuestra organización, la policía ha servido para manejar un sistema racista desde su creación”. Si volvemos a la estadística, las personas negras tienen una tasa doblemente mayor que las blancas en cuanto a mortalidad por disparos de la policía, constituyendo el 13% de la población total de Estados Unidos.

La administración Biden no traerá ninguna desescalada policial desde arriba, coinciden Critical Resistance y Vitale. “Tanto Biden como Obama criticaron el eslogan ‘Defund the Police’. Seguramente Joe Biden y Kamala Harris lleven a cabo reformas que entorpezcan el movimiento progresista en torno a la policía y la política penitenciaria”, prevé Ervin. “El propio Biden dejó claro que no apoyaba este enfoque. De hecho, él es uno de esos políticos que se ha sostenido en el modelo policial para llevar a cabo la estrategia neoliberal. Tiene en el departamento de Justicia a varias personas que proceden de aquella fallida reforma y han mostrado cierta apertura a otro sistema policial, pero parece que esta administración invertirá más dinero en policía. No menos”, apunta Vitale. Será una lucha, recuerdan ambos, que tendrá como motor decisivo el impulso de la organización de los movimientos de base.